El país receptor de la solicitud de extradición evalúa si cumple con los requisitos legales y decide si concede o no la extradición. En algunos casos, el país puede negarse a extraditar a un individuo si considera que existe un riesgo de persecución política, si el delito no está incluido en el tratado de extradición o si no hay suficiente evidencia para respaldar la acusación.
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